El Juzgado de lo Contencioso Administrativo da dos meses al Consell de Mallorca para ejecutar la sentencia que declaró nulo el rescate del túnel de Sóller en el año 2017
(16/05/2024)
El consejero de Territori, Mobilitat i Infraestructures, Fernando Rubio, ha explicado que la institución insular debe emitir una resolución, en la que ya trabajan, y harán los máximos esfuerzos para que el impacto económico de la sentencia sea mínimo para las arcas públicas
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Palma ha dado dos meses al Consell de Mallorca para ejecutar la sentencia del rescate del túnel de Sóller. El pasado mes de septiembre el Tribunal Supremo resolvió que el rescate de la concesión del túnel, ejecutado por el Consell de Mallorca en el año 2017, era nulo en una sentencia que ya es firme y que argumenta que no había interés público por rescatar la concesión. No obstante, el alto tribunal no fijó la cuantía de la indemnización y remitió la ejecución de la sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), quien lo encargó al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Palma. Ahora este tribunal es quien ha otorgado dos meses al Consell de Mallorca para que emita una resolución que fije los términos económicos para ejecutar la sentencia que ganó la empresa concesionaria.
El conseller de Territori, Mobilitat i Infraestructures, Fernando Rubio, ha explicado que «el Consell ya pagó 16,4 millones de euros y, con ello, la foto de los partidos de la izquierda levantando la barrera del túnel se convirtió con la imagen más cara de la historia de Mallorca». Rubio ha añadido: «Esta resolución, que los jueces han dado dos meses para emitir, será la que dictaminará la cuantía que considera el Consell de Mallorca que se tiene que pagar. Haremos los máximos esfuerzos para que el impacto económico de la sentencia sea mínimo para los bolsillos de los mallorquines».
Rubio también ha recordado que el Consell ya pagó 16,4 millones, pero la empresa pedía más de 30 millones. «El Consell de Mallorca pagó en 2017 un total de 16,4 millones de euros por el rescate y si hubieran esperado cinco años, el coste habría sido cero para las arcas públicas, ya que la concesión administrativa acaba en junio del año 2022».
Los servicios jurídicos y económicos del Consell de Mallorca ya trabajan con la resolución para que tenga el mínimo coste posible, que debe comunicarse a los juzgados el próximo mes de julio como plazo máximo.