El Consell de Mallorca trabaja para que la sentencia del rescate del túnel de Sóller tenga el menor impacto posible en las arcas públicas
El Consell de Mallorca trabaja para que la sentencia del rescate del túnel de Sóller tenga el menor impacto posible en las arcas públicas
(07/09/2023)
El conseller de Territori, Mobilidad i Infraestructures, Fernando Rubio, ha garantizado la gratuidad de la vía y ha recordado que "ya se han pagado 16 millones, cuando si se hubiera esperado cinco años, la concesión acababa y el coste era cero para la institución insular".
El conseller de Territori, Mobilidad i Infraestructures del Consell de Mallorca, Fernando Rubio, ha valorado hoy la sentencia del Tribunal Supremo que declara nulo el rescate de la concesión del túnel de Sóller acordada por la institución insular el año 2017. Rubio ha asegurado que desde el Consell trabajarán y harán los máximos esfuerzos a fin de que el impacto económico de la sentencia sea mínimo para las arcas públicas. El titular de Territori, Movilidad i Infraestructures ha garantizado que se mantendrá la gratuidad del túnel, entre otras cosas, porque la concesión administrativa acabó en junio del año pasado.
"El Consell pagó el año 2017 un total de 16,2 millones de euros por el rescate y si hubieran esperado cinco años, el coste habría sido cero para las arcas públicas", ha asegurado Fernando Rubio. El conseller ha indicado también que todas las sentencias se han pronunciado en la misma línea de "declarar nulo el rescate y tumbar la existencia de un interés público por el proceso aprobado en el 2017, como se argumentó para poder proceder al rescate." Rubio ha recordado que uno de los argumentos del Tribunal Supremo para declarar nulo el rescate es que en el 2007 se le prorrogó la concesión y, diez años después, decidieron rescatarla.
Los servicios jurídicos del Consell de Mallorca están estudiando los diferentes pasos jurídicos que se tienen que dar por la ejecución de la sentencia y conseguir el mínimo coste para la caja del Consell. En este sentido, el proceso está reglado y será en sede judicial que se dictaminará el coste final. Según los servicios jurídicos ya no caben recursos a instancias superiores y ahora será el tribunal Contencioso Administrativo de Baleares que se encargará de la ejecución de la sentencia.