187 sanciones por infracciones de la ley de caza entre 2017 y 2020 en Mallorca
(30/06/2021)
El Servei de Caça i Pesca Fluvial complementa los expedientes sancionadores con un incremento de la vigilancia, especialmente del furtivismo contra la cabra balear
El Servei de Caça i Pesca Fluvial del Consell de Mallorca ha iniciado 329 expedientes sancionadores entre 2017 y 2020 por prácticas que incumplen la ley de caza de la comunidad autónoma y la orden de vedas de la isla. Estos expedientes han dado lugar finalmente a 186 sanciones: 16 por infracciones muy graves, 77 graves y 94 leves.
Estos expedientes se abren a partir de las denuncias recibidas al Servicio insular. Concretamente, entre 2017 y 2020, se han interpuesto en Mallorca 375 denuncias relativas en la práctica de la caza. Provienen principalmente de los agentes de medio ambiente y guardas de campo del Servei de Caça i Pesca Fluvial, pero también de otros agentes, del Govern Balear y de la Guardia Civil, especialmente del grupo del SEPRONA.
La gran mayoría de los casos en que no se impone una sanción al denunciado, es decir, en que no se abre un expediente, es porque era un caso en que la persona denunciada no llevaba la documentación pertinente para la caza y posteriormente la aportó.
El objetivo del Departament de Desenvolupament Local del Consell, donde se ubica el Servei de Caça, es que la actividad cinegética se lleve a cabo dentro de los parámetros de la ley y respetando las decisiones que se toman en el Consell de Caça con respecto al calendario hábil y las capturas permitidas con el fin de continuar con una gestión cinegética sostenible, y sobre todo sin poner en práctica artes de caza ilegales.
Tipo de infracciones
Entre las sanciones muy graves impuestas (16), hay una para cazar dentro de un refugio de fauna, mientras que las otras son para hacerlo con medios prohibidos (redes japonesas, trampas, cassettes y armas no permitidas) o para disparar en zona de seguridad. Igualmente, hay que afectan a captura ilegal de especies, no sólo de especies cinegéticas sino también protegidas. La lucha contra esta práctica es prioritaria, pero por suerte tiene una tendencia a la baja.
Las infracciones muy graves tienen sanciones de entre 2.001 hasta los 20.000 euros, así como la retirada de la licencia de caza y la inhabilitación para obtenerla durante un plazo de dos a cuatro años.
Con respecto a las infracciones graves (77) suponen una multa de entre 451 y 2.000 euros y la retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante mínimo 6 meses y máximo dos años. Son habituales para cazar sin permiso del titular del coto o con un permiso firmado por alguien que no es el titular, o para hacerlo en terreno inhábil para la caza.
Las infracciones leves (94) más habituales son por incumplimientos formales de la resolución anual de vedas (cazar en día no hábil de caza), no llevar la documentación y no presentarla con el requerimiento del Servei, o poseer artes ilegales (no utilizarlas). A estas infracciones les corresponde una multa de hasta 450 euros.
Furtivismo y fraude
Paralelamente a estos expedientes sancionadores, el Consell ha incrementado la tarea contra el furtivismo y el fraude. Así, el Servei de Caça incrementará la vigilancia de los cotos de caza de Mallorca y buscará publicaciones engañosas, fraudulentas o con indicios de infracción en las redes sociales, especialmente por lo que respecta a actividades cinegéticas con el macho cabrío balear. En este sentido, se reforzará el seguimiento de las autorizaciones de control de cabras por daños y se introducirán nuevas medidas normativas contra el furtivismo y el fraude.
Estas nuevas acciones se aplicarán contando con las entidades públicas y privadas colaboradoras en la materia, y con los titulares de los cotos afectados por el furtivismo y la competencia desleal. El objetivo es dar más agilidad y efectividad a la acción sancionadora necesaria para la protección de la cabra salvaje mallorquina y garantizar al mismo tiempo el control efectivo y riguroso de cabras en aquellos espacios donde es necesario.
Hay que recordar que la cabra mallorquina está catalogada de protección especial a diferentes convenios de protección internacionales y nacionales, por la dificultad que tienen sus poblaciones a causa de la presión urbanística, el cambio del uso de la tierra y el cruce con ejemplares exóticos.
Al mismo tiempo, el incremento de la vigilancia y la posibilidad de hacer más acciones específicas permitirá una mejor detección de infracciones contra la fauna, especialmente de aquella protegida, ya que por el carácter residual de estas malas prácticas, no se detectan fácilmente con protocolos rutinarios.
La práctica cinegética es una actividad altamente regulada y que cuenta con un creciente grado de compromiso y responsabilidad. Eso se ha conseguido por la evolución histórica de la tipología de las sanciones, pero también por la participación directa de cazadores y titulares de cotos en las denuncias y avisos recibidos.